SOSPECHAS SOBRE LAS SANITARIAS
Los trabajadores de las propias sanitarias aseguran que estas empresas incumplen la tarea de reponer matrices y cañerías, porque les sale más barato esperar a que se rompan o fallen.
Hugo Maturana, presidente de la Federación de Sindicatos de las Empresas Sanitarias (Fenatraos), dijo a
The Clinic: “No se han ido renovando los acueductos de forma oportuna. Como son reparaciones de alto costo, las empresas las dejan no más, a ver si aguantan”.
El dirigente también acusó a la SISS por no fiscalizar la renovación de las redes en forma oportuna y criticó que las inversiones de las sanitarias se incluyan en la tarifa –mediante alzas en los precios- y que no salgan de las ganancias de las empresas. “Es absurdo, además de ser clientes cautivos tenemos que darles (a las sanitarias) seguridad en las utilidades”, dijo
(ver entrevista en The Clinic).
Las sospechas de Maturana ya habían sido confirmadas por los funcionarios de la SISS en noviembre de 2015, cuando la directiva que los agrupa (
Anfussa) concurrió a declarar ante la
Comisión Especial Investigadora del rol de la SISS y de ECONSSA respecto de los problemas generados por la empresa Aguas del Valle. En esa ocasión, la presidenta del gremio,
Jacqueline Torres, remarcó entre los principales problemas del sector sanitario la
“escasa reposición de redes de agua potable” y el “detrimento progresivo de la calidad del servicio”
(ver sesión 7ª. de la Comisión Especial).
En 2015, cuando se acercaba el fin de su desempeño como superintendenta de Servicios Sanitarios tras nueve años en el cargo,
Magaly Espinosa dejó por escrito los temas que a su juicio requieren un mejoramiento del marco regulatorio de las sanitarias. Entre ellos, señaló
“los bajos niveles en inversión de reposición de infraestructura” y la falta de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de fijación de tarifas
(ver presentación del Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014).
Consultada en 2014 por CIPER sobre una explicación para las altas utilidades que arrojaban año a año las empresas sanitarias Aguas Andinas y ESVAL (Región de Valparaíso), Espinosa respondió:
-Yo haría un análisis de su calidad de servicio y cómo está su nivel de reposición de la infraestructura, porque eso a mí me indica que la empresa está recibiendo toda la cuota de reposición y si la está manteniendo como utilidad. Y
si las utilidades se mantienen siempre altas es que no se está reinvirtiendo a los niveles que el modelo espera que se reinvierta (ver reportaje de CIPER).
Las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja –presidida por el diputado Miguel Alvarado (PPD)- fueron más categóricas. Después de escuchar a autoridades, trabajadores y organizaciones ciudadanas, llegó al convencimiento de que a las sanitarias les conviene económicamente esperar a que las cañerías colapsen y solo después reponerlas
“lo que hace inviable una acción verdaderamente preventiva de las empresas sanitarias” (ver Conclusiones del informe de la Comisión Especial).
CIPER consultó a
Aguas Andinas por la inversión realizada año a año, desde 2010 a 2015, en reposición de cañerías y matrices. La respuesta, por escrito, no entregó los detalles solicitados. La empresa aseguró que en 2015 invirtió US$185 millones y que el 21% de ese monto
“se destinó a la distribución de agua potable” (que incorpora renovación, mantención y otros). Ello equivale a US$39 millones, pero la sanitaria no informó cuánto destinó solo a reposición de la red.
Eso sí, Aguas Andinas enfatizó que
“esas inversiones más la gestión operativa que realiza la compañía en su red de agua potable han permitido lograr una tasa de 7,9 roturas por cada 100 kilómetros, entre las más bajas de la industria local y muy similar a la que presentan países desarrollados de la OCDE”. Las estadísticas de la SISS indican que esa tasa correspondió en 2014 a 941 roturas.
POSIBLE AGRAVANTE
“Es claro que los hechos ocurridos (en Providencia) son de exclusiva responsabilidad de la empresa Aguas Andinas”, afirmó por escrito la jefatura de la SISS a CIPER (en esos mismos días, el economista
Ronaldo Bruna fue nombrado superintendente por la
Presidenta Bachelet en reemplazo de Magaly Espinosa). La SISS agregó que
“si no ha habido una adecuada reposición y ocurre un hecho que afecta la calidad de servicio, dicho evento es evidentemente un agravante a los procesos de sanción que se levanten en contra de una sanitaria por estas situaciones”.
La SISS ordenó una fiscalización especial por la rotura para determinar las causas de la falla, identificar las responsabilidades y establecer si se cometieron infracciones susceptibles de ser sancionadas. Y aunque se anunció que la sanitaria podría recibir una multa máxima de $548 millones,
autoridades consultadas por CIPER lo dudan, ya que pese a la rotura de la matriz no hubo suspensión del suministro de agua potable para los consumidores.
El ducto de fierro fundido de 1,10 metro de diámetro que colapsó puede tener una vida útil de hasta 80 años, lo que depende del material, las condiciones de instalación, la presión a la que está sometida, la calidad del suelo y del agua. Según la SISS,
no se consideraba su reposición por parte de Aguas Andinas.
Ejecutivos de Aguas Andinas consultados por CIPER, respondieron por escrito que para definir las redes que deben reponerse se califican los sectores en función del número de “
roturas no programadas” ocurridas en el último año, una fórmula definida por la SISS.
LA PLATA QUE PONEN LOS CLIENTES
En el último proceso que estableció las tarifas de Aguas Andinas para el quinquenio 2015-2020, la SISS y la sanitaria acordaron que el
costo total de largo plazo para producir agua potable y recolectar y tratar las aguas servidas alcanza a
$311.117 millones anuales, ingresos que están incorporados en las cuentas que pagan los clientes de la sanitaria mes a mes. De ese monto, informó la SISS a CIPER,
“el 2,5% corresponde a reposición de redes y conducciones de distribución de agua potable”, lo que equivale a $7.778 millones.
Por eso, si se considera una
cuenta tipo mensual de 15 metros cúbicos de consumo en período de
no punta de
$12.965, aproximadamente
$323 corresponden a reposición de cañerías. Aguas Andinas tiene 1.768.892 clientes (hogares y empresas) por lo que
anualmente recibe dentro de la tarifa al menos $6.856 millones para restituir redes (US$ 10,2 millones al año).
En su Informe de Gestión 2014, la SISS calculó que ese año
Aguas Andinas repuso 26,7 kilómetros de cañerías de agua potable, solo el 0,22% de su red que tiene una longitud de 11.971 km. Ese porcentaje de restitución de cañerías fue inferior en 2014 al promedio de reposición de las concesionarias del país, que alcanzó el 0,4% de las redes. Sanitarias de gran tamaño -como ESSBIO y ESVAL- superaron en 2014 a Aguas Andinas, reponiendo el 0,71% y el 0,51% de sus cañerías respectivamente
(ver Informe de Gestión 2014).
Según la tabla de
Vidas Útiles Técnicas, incluida en el estudio de la SISS para establecer la tarifa a cobrar por Aguas Andinas,
las tuberías y obras civiles de conducción de agua potable tienen una vida útil de 50 años, por lo que se deduce que, en promedio, la empresa tendría que reponer el 2% de su red (240 km) cada año para en medio siglo lograr la restitución total.
Adicionalmente, el
agua potable no facturada es otro indicador de filtraciones y roturas de las cañerías. Aunque la tasa de roturas de Aguas Andinas es baja (7,9 por cada 100 km) ya que la SISS considera que menos de 20 colapsos por cada 100 km indica
“que las redes cuentan con altos estándares de integridad en sus tuberías”,
la sanitaria capitalina registra que en 2014 el 30,5% del agua potable que produjo no fue facturada. Un poco menos que el promedio nacional no facturado por las empresas concesionarias (33,65%); y muy por sobre Aguas Manquehue que no cobra solamente el 9,8% de su agua potable
(ver Informe de Gestión de la SISS).
El cálculo de la SISS es que
el 74% del agua que no es cobrada “corresponde a pérdidas físicas y se genera por roturas de cañerías”. En este caso, Aguas Andinas no facturó en 2014 nada menos que
130 millones de metros cúbicos de agua por daños en su red. Para la SISS, una empresa eficiente debería tener un máximo de 15% de agua potable no facturada. Aguas Andinas duplica persistentemente ese límite, aunque lo redujo levemente desde 2009 cuando marcaba un 31,9% de agua no facturada.
CONTINUA EN EL POST DE ABAJO
