Las universidades chilenas están en el punto de mira de los jueces y de la sociedad pública, después de que se haya descubierto que diversos centros educativos pagaban sobornos al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en un país donde estudiar cuesta, de media, un 40% de los ingresos familiares anuales (unos 6.000 dólares de media por curso).
Tras varios meses de investigaciones, el Ministerio Público ha formalizado al ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, además de a los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y de la Universidad Pedro de Valdivia, Angel Maulén, por supuestos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Según la información emanada desde la Fiscalía, en el caso de la Universidad del Mar, la suma que los directivos del centro educativo pagaron al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación sería de 45 millones de pesos (unos 90.000 dólares), mientras que los directivos de la Universidad Pedro de Valdivia la suma pagada ascendió a los 50 millones de pesos (100.000 dólares).
Las acusaciones del Ministerio Público apuntan además a la existencia de pagos directos e indirectos a la sociedad Gestión Ltda., propiedad de Luis Eugenio Díaz, por parte de las casas de estudio UNIAC, Andrés Bello, Bernardo O’Higgins y de la española Internacional SEK. El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, afirmó durante la formalización que las irregularidades se produjeron sólo durante el tiempo en el que estuvo Díaz a cargo del organismo.
Héctor Zúñiga, uno de los formalizados, se ha referido a su detención y formalización por cargos de soborno y lavado de activos en ‘El Mercurio de Valparaíso’: "Era esperable porque un fiscal está para eso, acusar, cuando hay indicios y en este caso cuando se ha montado tanto contra la Universidad del Mar".
"Lamento que los principales perjudicados sean académicos que con mucho compromiso construyeron un proyecto educativo con una pedagogía que permitió rehabilitar académicamente a miles de estudiantes que venían de liceos donde nunca vieron baños decentes, salas impecables, bibliotecas y servicios de primera, además de profesores mediadores dedicados a ellos", añadió el formalizado.
"Nunca se pagó para obtener la acreditación. Se demostrará que se le estaba pagando a su empresa por un servicio que estuvo realizando con otros dos académicos, a vista y presencia de directivos académicos de todo el país, con el objeto principal de capacitar para acreditar las carreras”, concluyó en una entrevista concedida a este medio porteño.
[h=3]El culebrón de la Universidad del Mar[/h]El culebrón de los sobornos en la Universidad del Mar empezó a principios de 2012, cuando la Contraloría General de la República (CGR) comenzó una investigación para aclarar un contrato entre el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corvalán, y la Universidad del Mar (UDM).
Según ese contrato, el ex funcionario gubernamental habría recibido 60 millones de pesos chilenos (unos 120.000 dólares) por acreditar ilegalmente a la universidad viñamarina, además de una serie de bonos que variaban en función de la cantidad de años que la UDM estuviera acreditada.
Tras una investigación de cinco meses, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación el cierre de la Universidad del Mar. La revisión de las cuentas determinó que los administradores del recinto educacional habían vulnerado sus propios estatutos y que habían "abandonado" su proyecto educativo con la intención de “retirar excedentes y lucrarse”, lo que está absolutamente prohibido por la ley chilena.
La investigación aclaró también que en diciembre de 2011 los administradores de la Universidad del Mar vendieron la mayor parte de los edificios y del mobiliario educativo a dos sociedades controladas por los dueños de la misma Universidad del Mar. Según el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) los dueños de la universidad pagaron unos 2.123 millones, algo más de cuatro millones de dólares, para adquirir dichas propiedades.
Actualmente, la UDM es dueña sólo de la sede de Recreo en Viña del Mar, y "su único gran 'haber' es la cartera de estudiantes”, es decir, el flujo de matrículas y mensualidades que los alumnos pagan y por el que se endeudan. Según la investigación policial, la Corporación Educacional Universidad del Mar tiene una deuda de 600 millones de pesos chilenos (más de 1,2 millones de dólares) con sus trabajadores y otra de cerca de 5.500 millones de pesos chilenos (casi 12 millones de dólares) con los bancos BCI y Scotiabank.
El Ministro de Educación, Harald Beyer, ha asegurado que no se conocían estos datos, pues asumió como titular de la cartera en diciembre del año pasado, y nunca antes se había fiscalizado de la forma que se está haciendo ahora.
Por su parte, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ha convocado una manifestación para este miércoles, a las 11 de la mañana. El objetivo de la movilización es llegar al Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente, Sebastián Piñera, donde se solicite que el Estado se haga cargo de la situación que afecta a la Universidad del Mar.
Tras varios meses de investigaciones, el Ministerio Público ha formalizado al ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, además de a los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y de la Universidad Pedro de Valdivia, Angel Maulén, por supuestos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Según la información emanada desde la Fiscalía, en el caso de la Universidad del Mar, la suma que los directivos del centro educativo pagaron al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación sería de 45 millones de pesos (unos 90.000 dólares), mientras que los directivos de la Universidad Pedro de Valdivia la suma pagada ascendió a los 50 millones de pesos (100.000 dólares).
Las acusaciones del Ministerio Público apuntan además a la existencia de pagos directos e indirectos a la sociedad Gestión Ltda., propiedad de Luis Eugenio Díaz, por parte de las casas de estudio UNIAC, Andrés Bello, Bernardo O’Higgins y de la española Internacional SEK. El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, afirmó durante la formalización que las irregularidades se produjeron sólo durante el tiempo en el que estuvo Díaz a cargo del organismo.
Héctor Zúñiga, uno de los formalizados, se ha referido a su detención y formalización por cargos de soborno y lavado de activos en ‘El Mercurio de Valparaíso’: "Era esperable porque un fiscal está para eso, acusar, cuando hay indicios y en este caso cuando se ha montado tanto contra la Universidad del Mar".
"Lamento que los principales perjudicados sean académicos que con mucho compromiso construyeron un proyecto educativo con una pedagogía que permitió rehabilitar académicamente a miles de estudiantes que venían de liceos donde nunca vieron baños decentes, salas impecables, bibliotecas y servicios de primera, además de profesores mediadores dedicados a ellos", añadió el formalizado.
"Nunca se pagó para obtener la acreditación. Se demostrará que se le estaba pagando a su empresa por un servicio que estuvo realizando con otros dos académicos, a vista y presencia de directivos académicos de todo el país, con el objeto principal de capacitar para acreditar las carreras”, concluyó en una entrevista concedida a este medio porteño.
[h=3]El culebrón de la Universidad del Mar[/h]El culebrón de los sobornos en la Universidad del Mar empezó a principios de 2012, cuando la Contraloría General de la República (CGR) comenzó una investigación para aclarar un contrato entre el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corvalán, y la Universidad del Mar (UDM).
Según ese contrato, el ex funcionario gubernamental habría recibido 60 millones de pesos chilenos (unos 120.000 dólares) por acreditar ilegalmente a la universidad viñamarina, además de una serie de bonos que variaban en función de la cantidad de años que la UDM estuviera acreditada.
Tras una investigación de cinco meses, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación el cierre de la Universidad del Mar. La revisión de las cuentas determinó que los administradores del recinto educacional habían vulnerado sus propios estatutos y que habían "abandonado" su proyecto educativo con la intención de “retirar excedentes y lucrarse”, lo que está absolutamente prohibido por la ley chilena.
La investigación aclaró también que en diciembre de 2011 los administradores de la Universidad del Mar vendieron la mayor parte de los edificios y del mobiliario educativo a dos sociedades controladas por los dueños de la misma Universidad del Mar. Según el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) los dueños de la universidad pagaron unos 2.123 millones, algo más de cuatro millones de dólares, para adquirir dichas propiedades.
Actualmente, la UDM es dueña sólo de la sede de Recreo en Viña del Mar, y "su único gran 'haber' es la cartera de estudiantes”, es decir, el flujo de matrículas y mensualidades que los alumnos pagan y por el que se endeudan. Según la investigación policial, la Corporación Educacional Universidad del Mar tiene una deuda de 600 millones de pesos chilenos (más de 1,2 millones de dólares) con sus trabajadores y otra de cerca de 5.500 millones de pesos chilenos (casi 12 millones de dólares) con los bancos BCI y Scotiabank.
El Ministro de Educación, Harald Beyer, ha asegurado que no se conocían estos datos, pues asumió como titular de la cartera en diciembre del año pasado, y nunca antes se había fiscalizado de la forma que se está haciendo ahora.
Por su parte, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ha convocado una manifestación para este miércoles, a las 11 de la mañana. El objetivo de la movilización es llegar al Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente, Sebastián Piñera, donde se solicite que el Estado se haga cargo de la situación que afecta a la Universidad del Mar.
