¿QUIÉN TIENE LA CULPA?
El Jefe de la Defensa Nacional (Jedena), Daniel Muñoz, contestó por escrito las preguntas de CIPER. Allí señaló que una vez que terminó la búsqueda de personas desaparecidas, se permitió el ingreso completo de los servicios públicos:
“Lo que se ha efectuado es privilegiar el trabajo de los equipos investigativos y con personal de Carabineros, PDI, equipos caninos y la Brigada de Ubicación de Personas; junto al Servicio Médico Legal y Fiscalía; se han coordinado los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas. Todo esto, fue supervisado por el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos. Cabe hacer presente que, una vez que finalizaron dichas tareas y se terminó la revisión de los sectores donde hubo mayor afectación, se autorizó el ingreso de maquinaria pesada para poder efectuar la remoción de escombros”, indicó la respuesta del contraalmirante Muñoz.
Respecto de si la decisión de no autorizar, al inicio de la tragedia, el ingreso de los servicios públicos a las zonas más afectadas por el incendio fue tomada autónomamente por el mando militar, el oficial aseguró que “fue acordado con los organismos correspondientes. Estamos trabajando coordinadamente con todas las autoridades de gobierno para poder superar esta emergencia” (
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El concejal Pablo González, de Viña del Mar, planteó una crítica directa al Jedena: “El contraalmirante cometió una serie de errores una vez controlados los principales focos de incendio en nuestra ciudad. No solamente con un toque de queda que no se ajustó a la realidad de nuestra comuna en ese momento, sino que también impidió que los principales servicios públicos -en realidad el municipio y la delegación presidencial, que son los que prestan la ayuda más urgente- pudieran subir”.
Según el concejal, el Jedena no desplegó “la fuerza operativa de la Armada para resguardar los distintos sectores”. A su juicio, eso habría generado que “las familias afectadas y los voluntarios sí tuvieron una libertad de desplazarse por los distintos lugares, provocando un evidente colapso vial. Eso yo creo que generó esta demora que nos tiene recién levantando las fichas básicas de emergencia”.
Para la autoridad comunal, “esas son parte de las malas decisiones que se han tomado, desde el levantamiento de los cuerpos, desde impedir la normal operatividad de los servicios para poder limpiar las vías de acceso, para retirar los escombros, para hacer llegar la ayuda social. Eso marca la diferencia con el incendio que fue a finales del año 2022 en Forestal, donde sí hubo una rápida capacidad operativa. (Ha habido) una burocracia excesiva, considerando las necesidades urgentes que se están generando en algunos sectores”.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, le dijo a CIPER que la prioridad en las primeras horas fue el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas. El temor de la autoridad era que con maquinaria pesada operando en sectores donde podía haber víctimas fatales, se dañaran los cuerpos y eso dificultara su identificación.
– Desde el martes en la mañana no tenemos más hallazgos de personas fallecidas. Los equipos que se desplegaron, en total, del Servicio Médico Legal alrededor de 90 funcionarios -se duplicó la cantidad de funcionarios regionales con apoyo de otras regiones-, con siete equipos para el levantamiento de fallecidos; la PDI desplegó 23 equipos, más de 100 funcionarios, solo para esta tarea; lo mismo Carabineros, con cinco equipos de la Labocar; y la Fiscalía Regional sumó refuerzos con funcionarios de distintas zonas. Lo que definimos en el Cogrid, fue que el proceso de remoción de escombros tenía que generarse en las zonas en las que ya teníamos claro que no íbamos a encontrar más personas fallecidas. El resto de los trabajos se podían ir desarrollando. La única restricción que teníamos era que la remoción de escombros se hiciera en los sectores que ya habíamos revisado. El primer objetivo era encontrar a las personas que estaban desaparecidas. Fuimos liberando de a poco distintas zonas. El martes ya estaba todo el territorio revisado, señaló el subsecretario.
La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, precisó que sí hubo funcionarios públicos prestando ayuda en las zonas afectadas, aunque reconoce un retraso en el ingreso de la maquinaria para recoger escombros:
– Desde el primer día hay presencia de funcionarios públicos en las zonas afectadas llevando a cabo diversas tareas. Pero, hay ciertos procedimientos que requieren esperar autorizaciones y seguir ciertos protocolos para asegurar que se realicen de forma correcta. Uno de ellos es la remoción de escombros, pero también la aplicación de la ficha FIBE, que para iniciar requiere una autorización del Ministerio de Desarrollo Social, en relación a las condiciones del desarrollo de la emergencia, y que, además, debe aplicarse por parte de personal capacitado-, indicó la alcaldesa.
Melipillán agregó que el martes 6 de febrero recibieron la autorización para comenzar con el retiro de los escombros: “Como mencioné anteriormente, lo que debió esperar por la autorización del Ministerio de Justicia fue la remoción de escombros (debido a la presencia de personas fallecidas), y en cuanto recibimos esta autorización a través de la Delegación Presidencial Provincial para los primeros sectores de la comuna el día 6 de febrero, se desplegaron las cuadrillas a trabajar” (
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Desde la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso, señalaron que la prioridad estuvo en controlar las llamas, y luego atender a las víctimas: “Luego de esto, se tomaron todos los resguardos junto a Bomberos y Conaf, quienes estuvieron por más de tres días en combate del incendio. De manera paralela, en los puntos que ya no revestían riesgo, comenzamos con la entrega de las primeras ayudas en el territorio, realizando las labores de levantamiento de los primeros cuerpos de las zonas afectadas, tal como fue acordado por los diversos organismos que participan del Cogrid”.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich -quien comanda la investigación por la eventual intencionalidad de los incendios-, aseguró a CIPER que nunca se impidió el paso de funcionarios públicos a las zonas afectadas, sino que sólo se restringió el acceso a aquellos lugares donde estaban buscando personas desaparecidas: “La Fiscalía no ha dispuesto el cierre del sitio del suceso, solo se han cercado por la policía los sectores específicos en que se ha trabajado en el hallazgo de fallecidos. Hay libre circulación en toda la zona, sin perjuicio de las restricciones específicas de Carabineros en el marco del control del tránsito” (
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La fiscalía ha trabajado en una mesa de coordinación junto a las policías, el Servicio Médico Legal y las autoridades de gobierno para “peinar” los sectores donde existían sospechas de que bajo los escombros hubiera personas fallecidas. En todo caso no es lo mismo que plantean autoridades regionales y del gobierno nacional, quienes aseguran que esas pericias iniciales sí dificultaron el acceso de otros servicios públicos.
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